Denuncian a cinco magistrados de la JEP por presunta inactividad judicial durante más de siete años
La denuncia penal y disciplinaria cuestiona que los funcionarios habrían recibido sus salarios sin resolver procesos de apelación durante ese periodo. Los señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron denunciados penal y disciplinariamente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una presunta inactividad judicial durante más de siete años, periodo en el que, según el documento, habrían recibido sus salarios sin asumir procesos de apelación.
Los funcionarios señalados son Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Mirtha Patricia Linares Prieto y Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quienes integraron la Sección de Apelación de esa jurisdicción.
Denuncia a magistrados de la JEP cuestiona su actividad judicial
De acuerdo con los señalamientos contenidos en el documento, los magistrados habrían permanecido en sus cargos pese a conocer que los procesos que debían resolver tardarían varios años en llegar a esa instancia. La denuncia sostiene que, durante ese tiempo, no habrían asumido casos de apelación.
El escrito también pone en cuestión la conformación de una planta adicional de 11 funcionarios asignados a los despachos de los magistrados, un aspecto que hace parte de los señalamientos presentados ante las autoridades.
Los procesos que habrían llegado a finales de 2025
Según la denuncia, la situación se habría extendido hasta finales de 2025, cuando fueron remitidas a la Sección de Apelación dos decisiones relacionadas con los casos de las antiguas Farc y de presuntos falsos positivos en el Batallón La Popa.
El documento afirma que fue a partir de la llegada de esas decisiones cuando los magistrados comenzaron a ejercer funciones en dicha instancia.
Por ahora, los hechos corresponden a señalamientos incluidos en una denuncia y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes examinar los argumentos y establecer si hay mérito para adelantar actuaciones y adoptar decisiones sobre el caso.
