Exministros Gloria Ramírez y Ricardo Bonilla, denunciados ante la Fiscalía por crisis en la salud de los maestros
La organización también pidió esclarecer las dificultades en la entrega de medicamentos, las controversias en la contratación de prestadores y los pagos a las instituciones médicas.
La crisis en la atención médica de los docentes llegó a la Fiscalía General de la Nación. Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades administrativas, contractuales y financieras relacionadas con la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Exministros denunciados ante la Fiscalía
La denuncia solicita investigar las actuaciones de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, y Rosa Dory Chaparro, exdirectiva de Fiduprevisora, así como de otros funcionarios que pudieron intervenir en las decisiones cuestionadas. Entre los hechos señalados figuran la cancelación de la Invitación Pública 002 de octubre de 2023 y la aprobación del Acuerdo 003 de abril de 2024, que estableció las bases del nuevo modelo de atención.
La organización también pidió esclarecer las dificultades en la entrega de medicamentos, las controversias en la contratación de prestadores y los pagos a las instituciones médicas. Además, solicitó revisar movimientos presupuestales por $1,24 billones y $859.000 millones, así como determinar el origen de un presunto déficit cercano a los $2,7 billones.
Finalmente, la Red de Veedurías pidió investigar posibles delitos relacionados con contratación sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado y prevaricato. La denuncia busca establecer si existieron responsabilidades penales en las decisiones que afectaron la prestación del servicio de salud a los docentes. La presentación de esta acción judicial no implica que se haya demostrado la comisión de delitos ni la responsabilidad de los funcionarios mencionados.
