Isabel Zuleta rinde indagatoria ante la Corte Suprema por operativo en La Picota

La senadora Isabel Cristina Zuleta rinde este jueves 17 de septiembre una indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que busca determinar si incurrió en el presunto delito de abuso de función pública por su participación en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá.

¿Qué investiga la Corte Suprema?

La investigación se concentra en establecer si la participación de Zuleta en el operativo estuvo dentro de las funciones que le habían sido asignadas como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

La Corte abrió formalmente la investigación en agosto de 2026 y citó a la congresista a indagatoria para que entregue su versión sobre los hechos.

El alto tribunal debe determinar si las funciones relacionadas con los procesos de diálogo y paz le permitían intervenir o acompañar una diligencia de carácter judicial y penitenciario.

El operativo en La Picota

Los hechos se remontan al 10 de julio de 2025, cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la cárcel La Picota.

La diligencia se originó en información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, quien se encontraba recluido en ese momento y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, las autoridades buscaban un arma de fuego que, según la información suministrada por el entonces jefe de la organización criminal ‘La Inmaculada’, estaría relacionada con un supuesto plan para atentar contra otro privado de la libertad.

Durante el procedimiento fue encontrada un arma de fuego en el pabellón de extraditables.

¿Qué hacía Isabel Zuleta en la cárcel?

La presencia de la congresista durante el procedimiento es uno de los puntos centrales de la investigación.

Zuleta había sido designada por el Gobierno para participar como coordinadora en espacios de conversación con estructuras criminales. Según su propia explicación, su presencia en La Picota estuvo relacionada con su labor como observadora de paz y con la protección de una persona que, según la información que había recibido, estaría en riesgo.

Sin embargo, la Corte busca establecer si esa función le permitía participar en una diligencia de la Fiscalía cuya naturaleza era judicial y reservada.

El arma que desencadenó el caso

La investigación también está relacionada con la forma en que se produjo la entrega de información sobre el arma.

Según lo conocido del expediente, ‘Pipe Tuluá’ suministró información que permitió a las autoridades ubicar el arma dentro del penal. La Fiscalía posteriormente realizó el allanamiento y encontró una pistola Glock de 9 milímetros y diez proyectiles, según información publicada sobre el proceso.

El episodio generó controversia después de que se conocieran imágenes de la diligencia en las que aparece la senadora.

Zuleta ha defendido su actuación

La senadora ha sostenido que su participación estuvo relacionada con la protección de la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo.

En declaraciones anteriores, Zuleta afirmó que acompañó el procedimiento como observadora de paz y defendió su actuación dentro de las labores que desempeñaba como representante del Gobierno en los procesos de diálogo.

La investigación de la Corte deberá determinar si esas actuaciones se ajustaron a las competencias que le fueron otorgadas.

¿Qué sigue en el proceso?

La indagatoria es la oportunidad procesal para que la senadora entregue su versión de los hechos y responda a los señalamientos que dieron origen a la investigación.

Después de escucharla, la Sala de Instrucción deberá continuar con el análisis del expediente y determinar las decisiones que correspondan dentro del proceso.

Por ahora, la investigación no equivale a una condena ni establece responsabilidad penal contra la congresista. El objetivo de la actuación judicial es determinar si existió un posible abuso de función pública.