Gobierno retira a Salvatore Mancuso como gestor de paz
La decisión hace parte del desmonte de las designaciones de gestores y voceros de paz de la anterior administración. El nombramiento de Mancuso ya había sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en agosto.
El Gobierno nacional retiró el reconocimiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, en el marco del proceso de desmonte de varias designaciones y componentes de la política de paz de la anterior administración.
La medida se conoce después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente en agosto la resolución que había designado a Mancuso para esa función. Además, el acto administrativo que extendió su designación en 2025 establecía como fecha de finalización el 6 de agosto de 2026.
El Gobierno desmonta varias designaciones
La salida de Mancuso se enmarca en una serie de decisiones adoptadas por la actual administración para modificar los mecanismos de negociación y los reconocimientos otorgados durante el gobierno anterior.
En las últimas semanas fueron revocados o retirados reconocimientos a personas que habían sido vinculadas como gestores, voceros o integrantes de equipos relacionados con procesos de diálogo.
De acuerdo con un balance divulgado recientemente, más de 70 personas habrían perdido ese reconocimiento mediante diferentes actos administrativos.
Mancuso había sido designado por Petro
Salvatore Mancuso fue designado originalmente como gestor de paz mediante la Resolución 244 de 2023, expedida durante el gobierno de Gustavo Petro.
El documento establecía que su función estaba relacionada con aportar su conocimiento y experiencia a procesos de desarme colectivo y acercamientos con grupos armados ilegales, bajo las condiciones fijadas por el Gobierno.
Posteriormente, en septiembre de 2025, la Resolución 327 volvió a incluirlo entre los gestores de paz provenientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y fijó la vigencia de esa designación hasta el 6 de agosto de 2026.
Consejo de Estado suspendió su designación
Antes de la decisión conocida ahora, la Sección Primera del Consejo de Estado había suspendido provisionalmente la resolución de 2023.
El alto tribunal cuestionó que el acto administrativo no delimitara con claridad el tiempo de la designación, las actividades concretas ni el territorio en el que Mancuso debía desarrollar su labor. Para la corporación, esa falta de precisión podía afectar los derechos de las víctimas.
La suspensión fue una medida cautelar dentro de un proceso de nulidad. No correspondía, en ese momento, a una decisión definitiva sobre la legalidad de la resolución.
¿Qué implica la salida de Mancuso?
El retiro del reconocimiento significa que Mancuso ya no hace parte de la estructura de gestores de paz creada en el marco de esa política.
Sin embargo, la condición de gestor de paz no modificaba por sí misma la situación jurídica ni otorgaba beneficios judiciales automáticos. Así lo establecía expresamente la normativa que regulaba las designaciones.
La decisión tampoco elimina las obligaciones judiciales que correspondan a Mancuso frente a la justicia ordinaria, Justicia y Paz u otras jurisdicciones.
Un nuevo enfoque sobre los procesos de paz
El retiro se produce mientras el Gobierno actual modifica la política frente a las organizaciones armadas y cierra distintos espacios de diálogo heredados de la administración anterior.
El Ejecutivo ha planteado una política centrada en seguridad, justicia y desmonte de estructuras armadas, mientras los mecanismos de negociación creados durante el gobierno anterior han sido objeto de revisión y cierre.
