Carlos Felipe Córdoba denunció a Gustavo Petro por presuntos seguimientos de la DNI

El excontralor general Carlos Felipe Córdoba presentó denuncias contra el expresidente Gustavo Petro para que se investigue su presunto conocimiento sobre actividades de seguimiento y perfilamiento que habría realizado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante su gobierno.

Según informó la revista SEMANA el 9 de octubre de 2026, las acciones fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Denuncias ante dos instancias

En la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones, Córdoba citó publicaciones periodísticas que señalan presuntas actividades de inteligencia contra críticos del Gobierno y figuras de la oposición.

El excontralor solicitó que se investigue si Petro tenía conocimiento de estas actuaciones y si pudo existir un uso indebido de información privilegiada. En el documento también mencionó posibles delitos que, a su juicio, deben ser examinados por las autoridades competentes.

¿Qué se sabe sobre los presuntos seguimientos?

El caso se relaciona con una auditoría forense a la DNI cuyos hallazgos fueron divulgados por SEMANA. Según ese medio, entre las personas que habrían sido objeto de seguimientos o perfilamientos figuran exfuncionarios, dirigentes políticos y periodistas.

La publicación también recoge el señalamiento de una fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), según la cual Petro habría recibido informes de inteligencia de manera semanal. Esta afirmación forma parte de la información citada por el denunciante y deberá ser contrastada dentro de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán esclarecer los hechos

Las denuncias buscan establecer qué ocurrió, quiénes habrían ordenado o ejecutado las actividades y si existieron conductas contrarias a la ley.

Por ahora, los señalamientos deben entenderse como hechos denunciados que requieren verificación judicial. La presentación de una denuncia no constituye, por sí sola, prueba de responsabilidad penal.