ONU pide garantizar los derechos de las víctimas y evitar nuevas violaciones en Colombia
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió fortalecer la presencia del Estado en los territorios y mantener políticas públicas que protejan a las comunidades.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Estado colombiano garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y de las comunidades afectadas por la violencia. El organismo advirtió que el acceso sostenido a los derechos fundamentales es indispensable para evitar que se repitan las violaciones y fortalecer la seguridad en el país.
El llamado fue realizado por Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, después de visitar distintos territorios y reunirse con víctimas, líderes sociales, comunidades indígenas, organizaciones campesinas y autoridades.
Falta de acceso a servicios básicos en los territorios
Campbell señaló que, durante sus recorridos por más de 19 departamentos, encontró preocupaciones recurrentes relacionadas con el acceso a la salud, el agua potable, el saneamiento básico, la educación, el trabajo y la libertad de movimiento.
Según explicó, estas carencias afectan especialmente a niños, niñas y jóvenes, quienes también enfrentan situaciones de revictimización y pocas oportunidades para construir un proyecto de vida.
El representante insistió en que las garantías de derechos humanos deben mantenerse en el tiempo y no limitarse a respuestas temporales. A su juicio, la presencia integral del Estado en las regiones es necesaria para mejorar las condiciones de vida y prevenir nuevas vulneraciones.
ONU alerta por el reclutamiento de menores
Uno de los asuntos que más preocupan al organismo es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.
Campbell advirtió que esta práctica continúa afectando a las comunidades y limita las oportunidades de desarrollo de la población joven. También señaló que algunas personas jóvenes estarían siendo captadas mediante engaños y falsas promesas para participar en conflictos armados fuera del país.
En el caso de las mujeres y las niñas, mencionó otros riesgos, como la violencia basada en género, los embarazos a edades tempranas y la falta de perspectivas para construir un futuro en condiciones dignas.
Preocupan las amenazas y la estigmatización de líderes sociales
Durante sus encuentros con organizaciones y comunidades, la ONU también recibió denuncias sobre la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades propias de pueblos indígenas y comunidades negras.
Campbell advirtió que estos señalamientos pueden poner en riesgo la vida y la seguridad de quienes defienden los derechos de sus comunidades. Por eso, pidió poner fin a los discursos de odio, los insultos y las difamaciones contra líderes sociales y organizaciones.
El representante recordó que Colombia sigue siendo un país de alto riesgo para la defensa de los derechos humanos y reiteró que el respeto por quienes ejercen esta labor es fundamental para la seguridad y la construcción de paz.
El llamado desde Bolívar y Cauca
En sus visitas a El Salado y El Carmen de Bolívar, el representante escuchó testimonios sobre las dificultades para acceder a alimentos y desarrollar proyectos productivos que permitan a las familias vivir dignamente.
En Santander de Quilichao, Cauca, también recibió informes de organizaciones indígenas sobre la situación humanitaria de sus comunidades, con especial preocupación por el reclutamiento de menores y las afectaciones que enfrenta el pueblo Nasa.
A partir de estos encuentros, Campbell pidió que el Estado llegue de manera integral a los territorios y continúe implementando el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Piden políticas públicas con enfoque de derechos humanos
La ONU instó a las autoridades nacionales y locales a incorporar un enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo y las políticas públicas, con participación efectiva de las comunidades.
El organismo señaló que estas acciones deben priorizar la protección de los derechos civiles y políticos, la no discriminación, la consulta previa cuando corresponda, la defensa de los derechos humanos y la protesta pacífica.
También pidió avanzar en garantías relacionadas con el acceso al agua potable, la alimentación, la educación y el trabajo.
Para Campbell, el cumplimiento sostenido de estas obligaciones es fundamental para proteger a las víctimas, atender las necesidades de las comunidades y evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a repetirse.
