María Clara Posada denuncia que vehículos de protección para exFarc costarían $226.000 millones al año
La senadora cuestionó los recursos destinados a los esquemas de seguridad de antiguos integrantes de las Farc y pidió claridad sobre los bienes comprometidos para reparar a las víctimas del conflicto armado.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó los recursos que el Estado colombiano destinaría al sostenimiento de los vehículos utilizados en los esquemas de protección de antiguos integrantes de las Farc. Según sus cálculos, este gasto podría superar los $226.000 millones anuales, sin incluir el costo de los escoltas y sus viáticos.
La denuncia fue divulgada el 15 de octubre de 2026 y se fundamenta, según la congresista, en información que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2025, además de una cotización relacionada con el convenio de protección para 2026.
¿De dónde sale la cifra de $226.000 millones?
Según la información expuesta por Posada, los datos reportados ante la JEP registraban 1.272 vehículos destinados a la protección de 2.512 integrantes de la antigua guerrilla.
Para calcular el posible costo, la senadora tomó como referencia valores mensuales de mantenimiento y sostenimiento de los automotores. De acuerdo con las cifras que presentó, las camionetas con blindaje de niveles III y IIIA tendrían un costo promedio de $17 millones mensuales, mientras que los vehículos convencionales representarían alrededor de $11 millones al mes.
La congresista sostuvo que, al sumar estos valores, el gasto anual podría superar los $226.000 millones. No obstante, se trata de una estimación presentada por ella y no de un costo total confirmado de manera independiente.
La denuncia también incluye el costo de los escoltas
Posada señaló que a los gastos de los vehículos se deben agregar los recursos destinados al personal encargado de la protección, incluidos los viáticos.
Según manifestó, no conoce el valor total de ese componente porque la información correspondiente estaría clasificada como reservada.
Por esa razón, la cifra divulgada se refiere al cálculo que la senadora realizó sobre los vehículos y no debe interpretarse como el costo integral de todos los esquemas de seguridad.
Posada cuestionó la entrega de bienes para reparar a las víctimas
La congresista también relacionó sus cuestionamientos con el cumplimiento de los compromisos de reparación a las víctimas establecidos tras el Acuerdo de Paz.
En su pronunciamiento, citó cifras atribuidas a la Contraloría según las cuales se habrían entregado $46.194 millones para la reparación y estarían pendientes porcentajes importantes de los bienes comprometidos. Según los datos mencionados por la senadora, no se habría entregado el 81,8 % de los inmuebles ni el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.
Estas cifras forman parte de los argumentos expuestos por Posada para reclamar mayor transparencia sobre los recursos públicos destinados a la protección de los antiguos integrantes de las Farc y sobre el cumplimiento de las obligaciones de reparación.
¿Qué se sabe sobre los gastos de protección?
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los costos de los esquemas de seguridad, el manejo de los recursos públicos y las garantías de reparación para las víctimas del conflicto armado.
La senadora sostuvo que el Estado debe garantizar la protección de quienes la requieren, pero pidió explicaciones sobre los gastos y las condiciones de esos esquemas.
Por ahora, los $226.000 millones corresponden al cálculo divulgado por la congresista. Para establecer el costo efectivo sería necesario contrastar la estimación con información oficial detallada de la UNP y precisar qué conceptos están incluidos.








