Denuncian a Matador ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contrato de $257 millones
El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de servicios suscrito en octubre de 2024 con el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.
La denuncia fue presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, quien solicitó investigar posibles anomalías en la contratación, ejecución, supervisión y pagos del contrato.
El documento plantea cuestionamientos sobre un acuerdo cuyo valor inicial fue de $257.040.000 y solicita establecer si las situaciones descritas podrían constituir conductas penales. La presentación de la denuncia no significa que los hechos estén probados ni que exista una condena contra el caricaturista.
¿Qué irregularidades señala la denuncia contra Matador?
Uno de los puntos que pide revisar el denunciante es un error en la identificación del contratista dentro de la justificación de la contratación directa.
Según el documento, en la consideración 22 del contrato aparece el nombre de “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto del documento y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno.
La denuncia sostiene que esta inconsistencia debe examinarse para establecer si la selección estuvo debidamente sustentada en las cualidades particulares del contratista.
El documento también plantea observaciones sobre el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA), el lugar de ejecución del contrato y los soportes relacionados con las actividades realizadas.
El contrato superaba los $257 millones
El contrato de prestación de servicios número 1937 de 2024 fue suscrito el 11 de octubre de ese año entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, y González Quiceno.
El valor inicial reportado fue de $257.040.000. De acuerdo con la denuncia, dentro de esa suma se contemplaban $41.040.000 correspondientes al IVA durante los doce meses de ejecución, calculados a razón de $3.420.000 mensuales.
El documento cuestiona que el RUT del contratista lo identificara inicialmente como no responsable de ese impuesto y señala que la situación fue objeto de una modificación contractual posterior.
También se pide revisar el lugar de ejecución establecido en el contrato, pues algunas obligaciones habrían requerido desplazamientos a territorios diferentes de Bogotá.
Cuestionamientos a los informes y la supervisión
La denuncia plantea, además, posibles inconsistencias entre los períodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos presentados como soporte de la ejecución contractual.
Entre los aspectos que se solicita examinar están los informes entregados, los correos electrónicos asociados, sus archivos adjuntos y las fechas de recepción de los documentos.
El propósito es establecer si los productos y soportes correspondían a las obligaciones contratadas y si las verificaciones realizadas antes de autorizar los pagos fueron suficientes.
El escrito también pide revisar la actuación de quienes participaron en la supervisión y estructuración del contrato. Estas observaciones deberán ser evaluadas por las autoridades competentes antes de determinar si hubo irregularidades con relevancia penal.
¿Cuáles son los cinco delitos que solicitan investigar?
La denuncia solicita que se examinen posibles conductas relacionadas con cinco delitos:
- Peculado por apropiación.
- Peculado culposo.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Falsedad ideológica en documento público.
La inclusión de estos delitos en una denuncia no significa que la Fiscalía haya establecido que se cometieron. Corresponde al organismo investigador analizar las pruebas, verificar las circunstancias y determinar si existen fundamentos para avanzar en un proceso penal.
Fiscalía deberá determinar si hubo responsabilidades
La denuncia busca esclarecer posibles irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de supervisión del acuerdo celebrado con el Fondo Colombia en Paz.
La Fiscalía deberá valorar los elementos aportados y establecer si las situaciones señaladas configuran delitos y si existe responsabilidad individual de las personas involucradas.
Por ahora, el caso se encuentra en el terreno de los señalamientos que deben ser investigados, bajo el principio de presunción de inocencia.
