El senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, radicó este miércoles 23 de septiembre un proyecto de acto legislativo que busca modificar el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y establecer un término improrrogable de diez años, con el propósito de que parte de sus funciones concluyan en marzo de 2028. La iniciativa deberá superar el trámite de reforma constitucional en el Congreso para entrar en vigencia.
La propuesta pretende modificar el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017. El texto impulsado por Gómez plantea que el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP sea de diez años, sin posibilidad de extensión, y contempla mecanismos para trasladar a otras autoridades judiciales los asuntos que permanezcan pendientes.
Gómez ha sustentado la iniciativa, entre otros argumentos, en el tamaño y los costos de funcionamiento de la jurisdicción. El senador ha cuestionado públicamente el número de funcionarios y contratistas de la JEP y aseguró que existirían alrededor de 1.200 contratos, cifra que utiliza para argumentar que los recursos podrían destinarse a fortalecer la justicia ordinaria. Se trata de señalamientos y argumentos políticos del autor de la reforma, no de una conclusión independiente sobre la eficiencia de la JEP.
El proyecto aparece, además, en medio de la discusión sobre el presupuesto de la justicia transicional para 2027. Gómez también había promovido una reducción de $100.000 millones en los recursos destinados a la JEP, mientras que el presidente de esa jurisdicción, Alejandro Ramelli, ha advertido que los recortes presupuestales podrían afectar el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, el régimen actualmente vigente no establece que toda la JEP desaparezca automáticamente en 2028. La Constitución contempla un primer periodo de diez años para determinadas funciones relacionadas con la presentación de acusaciones y posteriormente cinco años adicionales para concluir su actividad jurisdiccional; este último plazo puede ser prorrogado mediante ley, a solicitud de los magistrados.
Precisamente esa diferencia ha generado controversia política alrededor de la propuesta. La senadora Carolina Corcho cuestionó la interpretación según la cual la JEP terminaría completamente en 2028 y recordó que el marco constitucional contempla esos cinco años adicionales de actividad jurisdiccional.
La iniciativa de Gómez propone cambiar ese esquema y evitar una extensión de la jurisdicción más allá del término que plantea la reforma. De acuerdo con el texto conocido, los procesos pendientes tendrían que contar con un régimen de transición para definir qué autoridades continuarían las actuaciones y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales ya adoptadas.
La propuesta apenas comienza su recorrido legislativo y, por tratarse de una reforma constitucional, su radicación no significa que el cierre de la JEP en 2028 ya esté aprobado. El Congreso deberá debatir y votar el acto legislativo durante el procedimiento correspondiente; mientras eso ocurre, continúan vigentes los plazos establecidos actualmente en la Constitución para la Jurisdicción Especial para la Paz.
