La denuncia fue presentada por Carlos Andr\u00e9s R\u00edos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, quien solicit\u00f3 investigar posibles anomal\u00edas en la contrataci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, supervisi\u00f3n y pagos del contrato.<\/p>\n
El documento plantea cuestionamientos sobre un acuerdo cuyo valor inicial fue de $257.040.000 y solicita establecer si las situaciones descritas podr\u00edan constituir conductas penales. La presentaci\u00f3n de la denuncia no significa que los hechos est\u00e9n probados ni que exista una condena contra el caricaturista.<\/p>\n
Uno de los puntos que pide revisar el denunciante es un error en la identificaci\u00f3n del contratista dentro de la justificaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n directa.<\/p>\n
Seg\u00fan el documento, en la consideraci\u00f3n 22 del contrato aparece el nombre de \u201cJulio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Quiceno\u201d, mientras que en el resto del documento y en el Registro \u00danico Tributario (RUT) figura como Julio C\u00e9sar Gonz\u00e1lez Quiceno.<\/p>\n
La denuncia sostiene que esta inconsistencia debe examinarse para establecer si la selecci\u00f3n estuvo debidamente sustentada en las cualidades particulares del contratista.<\/p>\n
El documento tambi\u00e9n plantea observaciones sobre el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA), el lugar de ejecuci\u00f3n del contrato y los soportes relacionados con las actividades realizadas.<\/p>\n
El contrato de prestaci\u00f3n de servicios n\u00famero 1937 de 2024 fue suscrito el 11 de octubre de ese a\u00f1o entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como administrador del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Colombia en Paz, y Gonz\u00e1lez Quiceno.<\/p>\n
El valor inicial reportado fue de $257.040.000. De acuerdo con la denuncia, dentro de esa suma se contemplaban $41.040.000 correspondientes al IVA durante los doce meses de ejecuci\u00f3n, calculados a raz\u00f3n de $3.420.000 mensuales.<\/p>\n
El documento cuestiona que el RUT del contratista lo identificara inicialmente como no responsable de ese impuesto y se\u00f1ala que la situaci\u00f3n fue objeto de una modificaci\u00f3n contractual posterior.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se pide revisar el lugar de ejecuci\u00f3n establecido en el contrato, pues algunas obligaciones habr\u00edan requerido desplazamientos a territorios diferentes de Bogot\u00e1.<\/p>\n
La denuncia plantea, adem\u00e1s, posibles inconsistencias entre los per\u00edodos de cobro, las fechas de las actividades y los productos presentados como soporte de la ejecuci\u00f3n contractual.<\/p>\n
Entre los aspectos que se solicita examinar est\u00e1n los informes entregados, los correos electr\u00f3nicos asociados, sus archivos adjuntos y las fechas de recepci\u00f3n de los documentos.<\/p>\n
El prop\u00f3sito es establecer si los productos y soportes correspond\u00edan a las obligaciones contratadas y si las verificaciones realizadas antes de autorizar los pagos fueron suficientes.<\/p>\n
El escrito tambi\u00e9n pide revisar la actuaci\u00f3n de quienes participaron en la supervisi\u00f3n y estructuraci\u00f3n del contrato. Estas observaciones deber\u00e1n ser evaluadas por las autoridades competentes antes de determinar si hubo irregularidades con relevancia penal.<\/p>\n
La denuncia solicita que se examinen posibles conductas relacionadas con cinco delitos:<\/p>\n
La inclusi\u00f3n de estos delitos en una denuncia no significa que la Fiscal\u00eda haya establecido que se cometieron. Corresponde al organismo investigador analizar las pruebas, verificar las circunstancias y determinar si existen fundamentos para avanzar en un proceso penal.<\/p>\n
La denuncia busca esclarecer posibles irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de supervisi\u00f3n del acuerdo celebrado con el Fondo Colombia en Paz.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda deber\u00e1 valorar los elementos aportados y establecer si las situaciones se\u00f1aladas configuran delitos y si existe responsabilidad individual de las personas involucradas.<\/p>\n
Por ahora, el caso se encuentra en el terreno de los se\u00f1alamientos que deben ser investigados, bajo el principio de presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n
La denuncia fue presentada por Carlos Andr\u00e9s R\u00edos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, quien solicit\u00f3 investigar posibles anomal\u00edas en la contrataci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, supervisi\u00f3n y pagos del contrato. El documento plantea cuestionamientos sobre un acuerdo cuyo valor inicial fue de $257.040.000 y solicita …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5043,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[1986,2012,1653,2013,413,2011,427,2010],"class_list":["post-5042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","tag-matador","tag-contratacion-estatal","tag-dapre","tag-denuncia-penal","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-fondo-colombia-en-paz","tag-gobierno-nacional","tag-julio-cesar-gonzalez-quiceno"],"yoast_head":"\n