El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su Sala de Familia, revoc\u00f3 el fallo de tutela emitido el 16 de septiembre de 2026 por el Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1 y declar\u00f3 improcedente el amparo que buscaba fortalecer las medidas de protecci\u00f3n para ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales que pudieran encontrarse en zonas donde se desarrollan operaciones a\u00e9reas ofensivas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, fechada el 23 de octubre de 2026, tambi\u00e9n dej\u00f3 sin efectos la medida provisional decretada durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional, mediante la cual se ordenaba abstenerse de ejecutar determinadas operaciones a\u00e9reas ofensivas cuando existiera informaci\u00f3n cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores, hasta adoptar las precauciones necesarias y evaluar alternativas operacionales menos lesivas.<\/p>\n
La Sala fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en dos aspectos procesales: la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto del grupo poblacional que se buscaba proteger y el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n
Sobre el primer punto, el Tribunal consider\u00f3 que la solicitud se dirig\u00eda a proteger a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes reclutados por grupos armados en distintas regiones del pa\u00eds, pero no delimitaba de manera suficiente el grupo de personas beneficiarias ni precisaba las circunstancias territoriales y operativas que permitieran determinar el alcance concreto de la protecci\u00f3n solicitada.<\/p>\n
En cuanto a la subsidiariedad, se\u00f1al\u00f3 que el accionante no acredit\u00f3 haber acudido previamente ante las autoridades correspondientes para solicitar las medidas reclamadas ni haber recibido una respuesta que permitiera establecer una omisi\u00f3n administrativa concreta. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que las pretensiones generales relacionadas con protocolos militares, pol\u00edticas p\u00fablicas y rutas institucionales pod\u00edan tramitarse mediante otros mecanismos judiciales, incluida la acci\u00f3n popular, cuando correspondiera a su objeto legal.<\/p>\n
El 16 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1 hab\u00eda concedido parcialmente el amparo de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, dignidad humana e inter\u00e9s superior de los menores de edad v\u00edctimas de reclutamiento o utilizaci\u00f3n por grupos armados.<\/p>\n
Entre las medidas ordenadas estaba la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar reforzado de precauci\u00f3n durante la planeaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de operaciones militares ofensivas, especialmente las a\u00e9reas, cuando existiera informaci\u00f3n verificable sobre la posible presencia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n
Ese est\u00e1ndar contemplaba intensificar la verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n disponible, incorporar la posible presencia de menores en la evaluaci\u00f3n jur\u00eddica y operacional, valorar los riesgos previsibles y examinar alternativas menos lesivas cuando permitieran alcanzar una ventaja militar comparable.<\/p>\n
El fallo tambi\u00e9n precisaba que la presencia de menores en un campamento o su vinculaci\u00f3n material con una estructura armada no permit\u00eda presumir autom\u00e1ticamente que fueran objetivos leg\u00edtimos de ataque. A su vez, aclaraba que las medidas no constitu\u00edan una prohibici\u00f3n general y absoluta de las operaciones militares ofensivas.<\/p>\n
La Sala de Familia aclar\u00f3 que la improcedencia de la tutela no desconoce la gravedad del reclutamiento y la utilizaci\u00f3n de menores por grupos armados ilegales, ni las obligaciones estatales de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n, restablecimiento de derechos y reintegraci\u00f3n.<\/p>\n
Al declarar improcedente el amparo, el Tribunal se abstuvo de estudiar de fondo los cuestionamientos planteados por las partes sobre la protecci\u00f3n de los menores y las condiciones de ejecuci\u00f3n de las operaciones militares.<\/p>\n
Por ello, la providencia no debe interpretarse como un pronunciamiento de fondo que declare legales todas las operaciones a\u00e9reas ni como una eliminaci\u00f3n de los deberes de protecci\u00f3n previstos en la Constituci\u00f3n y en el Derecho Internacional Humanitario.<\/p>\n
En la parte resolutiva, la Sala de Familia adopt\u00f3 dos determinaciones centrales: revocar el fallo de tutela del 16 de septiembre de 2026, proferido por el Juzgado 34 de Familia de Bogot\u00e1, y declarar improcedente el amparo solicitado; adem\u00e1s, dej\u00f3 sin efectos la medida provisional decretada durante el tr\u00e1mite de esa acci\u00f3n.<\/p>\n
La providencia orden\u00f3 notificar la decisi\u00f3n y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n una vez quede ejecutoriada.<\/p>\n
La sentencia fue suscrita por las magistradas Ana Luc\u00eda G\u00e9lvez T\u00e9llez, ponente; Marcela Sabas Cifuentes; y Diana Marcela Cardona Villanueva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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