La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de m\u00e1s de 400 bienes relacionados con las marcas Lili Pink y Yoi. La medida hace parte de una investigaci\u00f3n por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
El caso comenz\u00f3 a conocerse en abril de 2026. Durante ese mes, las autoridades realizaron operativos en varias ciudades de Colombia. Los procedimientos incluyeron la ocupaci\u00f3n de establecimientos comerciales, inmuebles y veh\u00edculos.<\/p>\n
Seg\u00fan la hip\u00f3tesis de la Fiscal\u00eda, algunas sociedades habr\u00edan participado en operaciones irregulares de importaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de mercanc\u00edas.<\/p>\n
Los investigadores buscan establecer si estas actividades permitieron dar apariencia de legalidad a recursos de posible origen il\u00edcito.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n examina el funcionamiento de determinadas empresas y sus operaciones comerciales.<\/p>\n
Sin embargo, las sospechas de las autoridades todav\u00eda deben superar el an\u00e1lisis de los jueces.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda pretende que la justicia determine si procede la extinci\u00f3n de dominio sobre los bienes relacionados con el proceso.<\/p>\n
Este mecanismo permite que el Estado reclame propiedades cuando demuestra su relaci\u00f3n con actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
No obstante, la solicitud no significa que los bienes ya pertenezcan definitivamente al Estado.<\/p>\n
Los jueces deber\u00e1n estudiar las pruebas y escuchar los argumentos de las partes involucradas.<\/p>\n
Las personas afectadas podr\u00e1n ejercer su derecho a la defensa durante el tr\u00e1mite judicial.<\/p>\n
El proceso representa un nuevo cap\u00edtulo de las actuaciones que las autoridades iniciaron en abril de 2026.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda deber\u00e1 sustentar sus se\u00f1alamientos y demostrar las circunstancias que justificar\u00edan la p\u00e9rdida del derecho de propiedad.<\/p>\n
Por ahora, no existe una decisi\u00f3n definitiva sobre los bienes mencionados.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n patrimonial no constituye por s\u00ed misma una condena penal contra sus propietarios.<\/p>\n
El caso continuar\u00e1 ante las autoridades judiciales, que tendr\u00e1n la responsabilidad de determinar el destino de los activos investigados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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