El Gobierno nacional anunció el cierre de todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que habían sido establecidos durante la administración anterior con estructuras criminales y organizaciones consideradas terroristas, al asegurar que inicia una nueva política basada en el sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de la autoridad del Estado.
“Se acabó la falsa paz”, afirmó el presidente al presentar la decisión y señalar que, durante los últimos cuatro años, se habrían destinado más de $7.000 millones al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a estos procesos. Según el mandatario, mientras se desarrollaban los acercamientos, varias organizaciones ilegales continuaron fortaleciéndose y ejecutando acciones contra la población y la Fuerza Pública.
El jefe de Estado aseguró que su administración no otorgará estatus político, impunidad ni tratamientos que, a juicio del Gobierno, favorezcan a las estructuras criminales. “El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República”, manifestó.
La decisión representa un cambio frente a la estrategia implementada por el gobierno anterior y plantea una política de seguridad centrada en la acción de la Fuerza Pública y la justicia. “La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, concluyó el mandatario.
One Comment