Fiscalía busca quedarse con más de 400 bienes vinculados a Lili Pink y Yoi por presunto lavado de activos
La entidad solicitó la extinción de dominio de propiedades relacionadas con las marcas, en medio de una investigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión definitiva corresponde a los jueces.
La Fiscalía General de la Nación solicitó la extinción de dominio de más de 400 bienes relacionados con las marcas Lili Pink y Yoi. La medida hace parte de una investigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El caso comenzó a conocerse en abril de 2026. Durante ese mes, las autoridades realizaron operativos en varias ciudades de Colombia. Los procedimientos incluyeron la ocupación de establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos.
Fiscalía investiga bienes vinculados a Lili Pink y Yoi
Según la hipótesis de la Fiscalía, algunas sociedades habrían participado en operaciones irregulares de importación y comercialización de mercancías.
Los investigadores buscan establecer si estas actividades permitieron dar apariencia de legalidad a recursos de posible origen ilícito.
La investigación también examina el funcionamiento de determinadas empresas y sus operaciones comerciales.
Sin embargo, las sospechas de las autoridades todavía deben superar el análisis de los jueces.
¿Qué pasará con los más de 400 bienes?
La Fiscalía pretende que la justicia determine si procede la extinción de dominio sobre los bienes relacionados con el proceso.
Este mecanismo permite que el Estado reclame propiedades cuando demuestra su relación con actividades ilícitas.
No obstante, la solicitud no significa que los bienes ya pertenezcan definitivamente al Estado.
Los jueces deberán estudiar las pruebas y escuchar los argumentos de las partes involucradas.
Las personas afectadas podrán ejercer su derecho a la defensa durante el trámite judicial.
La investigación continúa
El proceso representa un nuevo capítulo de las actuaciones que las autoridades iniciaron en abril de 2026.
La Fiscalía deberá sustentar sus señalamientos y demostrar las circunstancias que justificarían la pérdida del derecho de propiedad.
Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre los bienes mencionados.
Además, la investigación patrimonial no constituye por sí misma una condena penal contra sus propietarios.
El caso continuará ante las autoridades judiciales, que tendrán la responsabilidad de determinar el destino de los activos investigados.
