Gobierno prepara ‘buques cárcel’ para aislar en altamar a peligrosos cabecillas criminales
Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’ aparecen entre los primeros nombres de una lista preliminar de nueve cabecillas que podrían ser trasladados a un esquema de reclusión marítima de alta seguridad.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara una estrategia con la que busca aislar en altamar a cabecillas de organizaciones criminales que, pese a encontrarse privados de la libertad, presuntamente continuarían impartiendo órdenes y manteniendo comunicación con sus estructuras desde establecimientos penitenciarios.
La iniciativa contempla la utilización de los denominados ‘buques cárcel’, embarcaciones que serían adaptadas como centros de reclusión de alta seguridad para internos considerados de alta peligrosidad. Entre los primeros nombres que aparecen en la lista preliminar están Digno Palomino, señalado cabecilla de Los Pepes, y alias ‘Negro Ober’, dos figuras vinculadas por las autoridades con estructuras criminales que han tenido presencia en la región Caribe.
El proyecto estaría enmarcado en un esquema denominado Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que buscaría articular las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Armada de Colombia.
El principal objetivo sería cortar las comunicaciones entre los cabecillas encarcelados y las organizaciones que permanecen activas en las calles, evitando que los centros penitenciarios sean utilizados para coordinar extorsiones, homicidios u otras actividades delictivas.
De acuerdo con la información conocida sobre la propuesta, inicialmente aparecen nueve nombres como posibles candidatos a este tipo de reclusión: Digno Palomino, ‘Negro Ober’, ‘Marihuano’, ‘Carnal’, ‘Robincito’, ‘Juanito’, ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’.
Sin embargo, la iniciativa todavía se encuentra en fase de preparación, por lo que el listado no representa una decisión definitiva de traslado. El Gobierno deberá avanzar en la definición de los aspectos jurídicos, operativos y de seguridad necesarios para determinar la viabilidad y eventual implementación del modelo.
