Fiscalía investiga a cinco gobernadores y dos exgobernadores por presunto desfalco de más de $3 billones en regalías
Investigan presunto desfalco de más de $3 billones en 19 departamentos
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra cinco gobernadores en ejercicio y dos exgobernadores por su presunta vinculación con una red de corrupción que, al parecer, desvió más de 3 billones de pesos del Sistema General de Regalías mediante el direccionamiento irregular de contratos. El caso, considerado uno de los mayores escándalos por presunta corrupción en el manejo de estos recursos, involucra proyectos ejecutados en 19 departamentos del país.
Más de 400 proyectos y $3 billones bajo investigación por presunta corrupción
Los funcionarios investigados son Óscar Enrique Sánchez Guerrero, gobernador de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; Yeison Ferney Rojas Martínez, gobernador de Guaviare; así como los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez, del Magdalena, y Álvaro Arley León Flores, de Vichada. La Fiscalía compulsó copias para determinar si estas personas tuvieron alguna participación en el presunto entramado, por lo que su responsabilidad será definida durante el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con el ente acusador, la organización habría utilizado documentación falsa para convertir al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada en un supuesto esquema asociativo territorial. Esta maniobra les habría permitido concentrar la ejecución de cerca de 480 contratos financiados con recursos de regalías, relacionados con obras de infraestructura, educación, agua potable, salud, energía, gestión del riesgo, deporte y mejoramiento vial.
La directora especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez, explicó que la red habría intervenido en más de 400 proyectos financiados con recursos públicos, cuyo valor supera los 3 billones de pesos, afectando millonarias inversiones destinadas al desarrollo de las regiones. La investigación busca establecer la responsabilidad de los funcionarios y demás personas que habrían participado en este presunto esquema de corrupción que comprometió recursos destinados al bienestar de miles de colombianos.
