Política

Gobierno niega que salida de asesores de Política Criminal fuera por filtración

La aclaración se conoce después de que la senadora Isabel Cristina Zuleta relacionara la salida de los integrantes con la divulgación del borrador del Estatuto Antiterrorista.

El Gobierno nacional negó que la salida de varios integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal estuviera relacionada con la filtración del borrador del Estatuto Antiterrorista, luego de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta hiciera esa afirmación en sus redes sociales.

Según una fuente de alto nivel del Gobierno, citada por medios nacionales, las renuncias de los integrantes de la comisión habían sido aceptadas semanas antes y el proceso no tendría relación con el proyecto de Estatuto Antiterrorista.

La versión de la senadora Isabel Cristina Zuleta

La controversia comenzó este jueves 8 de octubre, cuando la senadora Isabel Cristina Zuleta aseguró que los integrantes de la Comisión habían salido del organismo como una especie de represalia por la filtración del borrador del proyecto.

La congresista cuestionó además varios de los contenidos que, según ella, tendría la iniciativa del Gobierno en materia de seguridad y lucha contra organizaciones criminales.

Sin embargo, esa interpretación fue rechazada por una fuente del Gobierno, que aseguró que a los integrantes de la comisión no se les entregó el documento del Estatuto Antiterrorista y que su salida ya estaba definida con anterioridad.

Ocho integrantes renunciaron

La salida de los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal sí fue formalizada por el Ministerio de Justicia.

El ministro Iván Cancino aceptó las renuncias de ocho integrantes: Francisco Bernate Ochoa, Mauricio Cristancho Ariza, Yessika Hoyos Morales, Martha Cecilia Abella de Fierro, Rocío del Pilar Peña Huertas, Aura María Cárdenas, María Camila Moreno y Julio César Ortiz.

Además, el Ministerio dejó sin efecto los nombramientos de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona, quienes habían sido designados para integrar la comisión, pero no llegaron a aceptar los cargos ni a ejercer como miembros.

En total, diez personas quedaron por fuera del organismo.

La decisión venía desde semanas atrás

La salida de los integrantes no se produjo de manera repentina.

El Ministerio de Justicia había solicitado desde septiembre la renuncia protocolaria de los miembros que habían sido designados durante la administración anterior. Las renuncias fueron presentadas entre agosto y septiembre y posteriormente formalizadas mediante una resolución.

Por esa razón, el Gobierno sostiene que el proceso de renovación de la comisión ya estaba en marcha antes de que se conociera públicamente el borrador del Estatuto Antiterrorista.

¿Qué papel tendrá ahora la Comisión?

La Comisión Asesora de Política Criminal es un organismo encargado de realizar análisis y formular recomendaciones técnicas al Estado en asuntos relacionados con política criminal.

Su renovación ocurre mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara varias iniciativas en materia de seguridad y justicia, entre ellas el Estatuto Antiterrorista y una Ley de Sometimiento.

La nueva conformación tendrá que analizar y emitir conceptos sobre los proyectos que lleguen a consideración del organismo.

Estatuto Antiterrorista aún genera debate

La controversia se produce mientras el Gobierno prepara la presentación del Estatuto Antiterrorista ante las entidades encargadas de analizar sus implicaciones jurídicas.

El borrador conocido contempla, entre otros aspectos, un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, modificaciones de penas, medidas contra las finanzas de esas organizaciones y la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo.

El Consejo Superior de Política Criminal tenía previsto abordar el proyecto esta semana, pero la reunión fue aplazada para el jueves de la próxima semana.

Por ahora, no existe evidencia pública que permita establecer que la salida de los integrantes de la comisión haya sido una consecuencia de la filtración del Estatuto Antiterrorista.

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