Recorte a la JEP: recuerdan acuerdo que Iván Duque firmó con la Corte Penal Internacional
La reducción de $170.000 millones incluida en el Presupuesto General de la Nación de 2027 reabrió la discusión sobre los compromisos asumidos por Colombia en materia de justicia transicional.
El debate por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una nueva dimensión luego de que fuera aprobado en primer debate un recorte de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La modificación fue aprobada el 23 de septiembre por las comisiones económicas del Senado y la Cámara dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. El ajuste contempla $30.000 millones menos en funcionamiento y $140.000 millones menos en inversión.
El acuerdo firmado durante el gobierno de Iván Duque
En medio de la discusión, volvió a cobrar relevancia el Acuerdo de Cooperación suscrito el 28 de octubre de 2021 entre el Gobierno de Iván Duque y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
El documento fue firmado en Bogotá por el entonces presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan, luego de que la Fiscalía de la Corte cerrara su examen preliminar sobre la situación de Colombia.
El acuerdo estableció compromisos de cooperación para respaldar los esfuerzos nacionales de rendición de cuentas y fortalecer los procesos de justicia transicional, con especial referencia a la JEP.
Entre sus disposiciones se contempla que las partes mantengan mecanismos de comunicación y cooperación y que Colombia continúe proporcionando información sobre investigaciones y procesos judiciales internos. El acuerdo tiene duración indefinida y puede ser denunciado por cualquiera de las partes con un aviso previo de tres meses.
¿Qué establece sobre la JEP?
El acuerdo también contempla que la Fiscalía de la CPI seguirá apoyando los esfuerzos nacionales relacionados con la rendición de cuentas y señala la importancia de evitar iniciativas que obstaculicen el mandato o el funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes.
El propio comunicado de la CPI de 2021 señaló que el acuerdo buscaba garantizar el sostenimiento y fortalecimiento de los avances registrados por las instituciones judiciales colombianas, particularmente la JEP.
Por ello, el documento volvió al centro de la discusión después de que el Congreso aprobara en primer debate el recorte presupuestal para 2027.
¿En qué consiste el recorte?
La ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2027 plantea una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
De acuerdo con el documento, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. La ponencia justifica el ajuste como parte de un ejercicio de racionalización y priorización del gasto ante las restricciones fiscales previstas para 2027 y señala que se mantendrían recursos para garantizar la operación y las funciones misionales de la JEP.
El senador Carlos Meisel, uno de los congresistas que participó en la discusión presupuestal, señaló que los recursos serían redistribuidos hacia otras necesidades, entre ellas la Rama Judicial y el deporte.
La discusión aún no termina
Aunque el recorte ya fue aprobado en primer debate, todavía debe ser discutido y votado en las plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en una disposición definitiva del Presupuesto General de la Nación de 2027.
La discusión enfrenta posiciones diferentes. Mientras sectores políticos y la ponencia justifican la modificación en razones de priorización y restricciones fiscales, integrantes de la JEP y otros sectores han advertido sobre las posibles consecuencias que tendría la reducción de recursos para el cumplimiento de sus funciones.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, incluso ha llevado la discusión a escenarios internacionales y ha anunciado gestiones ante organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CPI.
