De La Espriella alista “revolcón” en la UNP: revisarán esquemas y gastos
El Gobierno prepara nuevos controles sobre los esquemas de protección y cuestiona el uso de recursos públicos en casos que, según la administración, no tendrían una justificación suficiente.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara cambios en la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de revisar los esquemas de seguridad asignados y controlar el uso de los recursos destinados a la protección de personas.
La administración sostiene que algunos esquemas heredados de la anterior administración requieren una revisión y ha planteado una política de mayor control sobre los gastos de escoltas, vehículos y otros elementos asociados a las medidas de protección.
La UNP revisa los esquemas de protección
El director de la entidad, Didier Blanco, ha adelantado una revisión de las medidas asignadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Entre las primeras decisiones conocidas estuvo el retiro de los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del creador de contenido Beto Coral, de acuerdo con información divulgada por la propia entidad y reportes sobre la gestión de la nueva dirección.
La administración sostiene que la protección estatal debe concentrarse en las personas que realmente enfrenten una situación de riesgo y que cada esquema debe responder a los criterios establecidos por la UNP.
El Gobierno cuestiona el gasto de la entidad
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo está relacionado con el costo que representan los esquemas de protección.
En septiembre, Didier Blanco reveló ante la Cámara de Representantes que el esquema asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. También expuso otros casos y señaló que la entidad mantiene recursos comprometidos en vehículos, escoltas y otros servicios.
El Gobierno utiliza estas cifras para plantear una revisión de las medidas y determinar cuáles continúan siendo necesarias de acuerdo con los niveles de riesgo.
También hay cuestionamientos sobre contratos
La revisión no se limita a los esquemas individuales.
Antes de asumir la Presidencia, De La Espriella había solicitado que la Procuraduría ejerciera vigilancia preventiva sobre varios procesos contractuales de la UNP. Entre ellos estaba un contrato superior a $78.000 millones para la prestación del servicio de escoltas.
También se pidió revisar un proceso para proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección, además de otro relacionado con la adquisición de 188 embarcaciones y 264 motores destinados a diferentes regiones del país.
La solicitud buscaba revisar la planeación, necesidad, condiciones de contratación y pluralidad de oferentes.
La UNP también enfrenta restricciones presupuestales
El debate sobre los gastos ocurre mientras la entidad enfrenta una situación presupuestal compleja.
Un informe de empalme presentado por el Gobierno señaló que los recursos destinados a escoltas, vehículos, dotación y viáticos, que representaban cerca del 80 % del presupuesto de la UNP, estaban próximos a agotarse durante 2026.
La situación llevó al nuevo Gobierno a plantear una revisión de las prioridades de gasto y de los compromisos contractuales existentes.
El Gobierno busca cambiar el funcionamiento de la entidad
Desde la llegada de Didier Blanco, la administración ha planteado como objetivos combatir posibles focos de corrupción y clientelismo, revisar la asignación de esquemas y fortalecer los protocolos de protección.
El propio director fue designado por De La Espriella en julio y asumió el cargo con el mandato de recuperar la confianza en la entidad y revisar su funcionamiento.
El Gobierno ha presentado estos cambios como parte de una política de austeridad y control del gasto público.
La protección seguirá dependiendo del nivel de riesgo
A pesar de las modificaciones anunciadas, la UNP mantiene su función principal: proteger a personas, grupos y comunidades que enfrenten riesgos extraordinarios o extremos.
Por eso, cualquier retiro o modificación de un esquema debe responder a los procedimientos de evaluación establecidos por la entidad y no únicamente a decisiones políticas.
La discusión que plantea el nuevo Gobierno está centrada en determinar quién necesita protección estatal, qué medidas requiere y cuánto cuestan, en medio de las restricciones presupuestales que enfrenta la UNP.
